MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Fiscalía que investigue un presunto cobro abusivo por parte de registradores y notarios en las escrituras de cancelación de hipotecas.
Según aseguró hoy la asociación de consumidores en un comunicado, los registradores y notarios «han triplicado de forma abusiva el cobro de las escrituras de cancelación, novación y subrogación de muchas hipotecas».
Según la OCU, a pesar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, siguen cobrando de más amparándose en la impunidad de un sistema particular de reclamaciones que solo da 15 días hábiles de plazo al consumidor para impugnar las minutas.
OCU pide al Gobierno la eliminación de los privilegios que la ley otorga en la actualidad a notarios y registradores en detrimento de los consumidores.
La organización de usuarios sostiene su denuncia en que los registradores y los notarios aprovecharon una modificación de los aranceles para las operaciones de cancelación, novación y subrogación de hipotecas inmersas en operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Real Decreto-ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, para interpretarla a su favor, lo que supuso una importante subida de los aranceles que afectaba a todos los consumidores.
Según la OCU, desde el 12 de mayo de 2012 el coste de las cancelaciones de hipotecas como de las novaciones y subrogaciones hipotecarias pasó a ser más del triple de lo que costaba hasta ese momento. Aplicando el arancel correctamente una escritura de cancelación de hipoteca debería costar alrededor de 70 euros de gastos de notario y 24 euros de registrador, frente a los más de 200 euros que cobran lo notarios y los más de 100 euros que cobran los registradores.
Sin embargo, de forma reiterada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó varias sentencias declarando que los registradores estaban aplicando incorrectamente el arancel en las operaciones de novación, subrogación o cancelación de hipotecas cuando estas operaciones se realizan por solicitud los consumidores.
Aun así, los registradores recurrieron todas las resoluciones en su contra hasta que finalmente el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 junio de 2018 confirmó la aplicación incorrecta del arancel por parte de los registradores, cuyos argumentos son perfectamente aplicables a los notarios, subraya la OCU.
El comunicado añade que registradores y notarios, «ignorando al Tribunal Supremo, siguen aplicando de forma incorrecta el arancel y cobrando de más a los consumidores», en una práctica «amparada por la desidia de la Administración, pues a fecha de hoy no nos consta que la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) haya publicado ninguna instrucción al respecto ni haya tomado medida alguna para garantizar que se está aplicando el arancel correctamente en línea con la sentencia del Tribunal Supremo».
OCU ha pedido al Ministerio de Justicia que de forma inmediata obligue a notarios y registradores a cobrar de forma adecuada sus minutas a los consumidores. Además, OCU ha solicitado a la Fiscalía General del Estado su intervención, ya que entiende que no aplicar ya el criterio establecido por el Tribunal Supremo puede ser constitutivo del delito tipificado en el artículo 437 del Código Penal, por exigir «directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada».
Fuente: eleconomista.es
