- Autoriza la escritura pública y corrobora que no exista riesgo de delito
Mi amigo entró a la notaría muy contento para firmar la escritura pública de compra del local para su bar, y me pidió que le acompañara por si había algún problema, pero sobre todo para después irnos a celebrarlo. Llevaba más de tres años con un alquiler con opción a compra y pensó que había llegado el momento de dar el paso definitivo. Todo tenía que hacerse esa misma mañana porque el vendedor llegaba del extranjero ese día y se volvía a marchar. Pero lo último que hubiera imaginado es que el oficial y el notario comenzarían a preguntarle a qué se dedicaba; cómo había ido pagando las distintas cantidades para señalizar la compra; si tenía alguna relación con un antiguo alcalde de Pamplona con el que compartía nombre y apellidos; así como alguna otra pregunta más que fue contestando de mala gana y pensando que aquel notario recién llegado de Reus estaba metiéndose donde no le llamaban y quería amargarle la celebración.
Pero sobre todo se sorprendió cuando, después de consultar alguna de las múltiples bases de datos creadas para saber más de todos nosotros, el notario le preguntó si él seguía siendo el propietario (él utilizó el termino titular real) del 80% de las participaciones de la sociedad limitada que había constituido junto a su hermano y su primo en el año 2008 para poder comenzar aquel sueño de juventud.
Con cada una de esas preguntas, mi amigo me miraba para pedirme confirmación de que aquello iba bien, y yo asentía con la mirada e intentaba tranquilizarle, por eso no le sorprendió cuando el notario me solicitó mi documento de identidad para aparecer en la escritura pública como testigo, ya que, si estaba presente en el momento de la firma, debía quedar constancia de mi presencia allí.
Al terminar el acto, y ya con dos cervezas en el cuerpo, mi amigo empezó a tranquilizarse y ahí comenzó un interrogatorio, que se extendió hasta bien entrada la tarde, para saber las razones que habían llevado al notario y a sus empleados a someternos a ese tercer grado.
Obviamente mi amigo me había pedido que le acompañara, no solo porque no es bueno celebrar este tipo de cosas solo, sino además porque sabía que llevo trabajando para los notarios más de 12 años.
Le intenté explicar que todas esas preguntas que le había hecho el notario tenían un objetivo y era intentar ayudar a las autoridades a prevenir algo tan serio como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Que los notarios, como funcionarios públicos que son, no solo autorizan la escritura pública, sino que detrás de cada escritura o acto notarial hay multitud de actuaciones, y no solo para verificar si la operación reúne todas las características que exigen las diferentes normativas, sino también para intentar saber quién es la persona que comparece ante él y si lo que está firmando tiene algún riesgo de estar relacionado con algún delito. Y que no pensara solo en que se intenta descubrir delito fiscal (que también), sino que detrás de esos documentos podrían estar ocultos políticos corruptos, organizaciones dedicadas a la trata de personas, narcos, traficantes de armas, terroristas y demás sujetos de «mal vivir».
Los notarios españoles tomaron en 2005 la valiente decisión de crear un órgano centralizado especializado en el blanqueo y la financiación del terrorismo
También le expliqué que los notarios en casi todo el mundo son lo que, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, se conoce como «sujetos obligados», pero que fueron los notarios españoles, junto con el Ministerio de Economía en el año 2005, quienes tomaron la valiente decisión de crear un órgano centralizado especializado en la prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo (conocido como el OCP). Le conté que ese órgano fue el primero en crearse en todo el mundo, ya que, a pesar de que la normativa internacional permitía su potencial creación, ningún otro país se había decidido a hacerlo.
También le detallé que desde cada notaría se debe alimentar una base de datos electrónica con la información de todas las operaciones que se firman en cada una de ellas, y que esa base permite a los cuerpos policiales, a las fiscalías y a las autoridades responsables de la investigación financiera poder consultar (siempre con las debidas cautelas relativas a la protección de datos) las operaciones notariales que haya efectuado una persona o una empresa durante los últimos años. Que esa misma base de datos nutre de información a otras bases auxiliares, una de las cuales (la base de datos de titularidad real) permite saber, de manera inequívoca, a las autoridades competentes y a otros sujetos obligados, quién es el propietario de cada una de las casi dos millones de sociedades limitadas que operan en España.
Vi su cara de sorpresa cuando le dije que en el OCP tenemos que buscar operaciones sospechosas en esas bases de datos, y no solo esperar que los notarios nos avisen de lo que ellos o sus empleados detectan. Para lo cual hemos desarrollado, en colaboración con varias universidades, varias herramientas de minería de datos, y que eso nos ha ayudado a analizar operaciones potencialmente sospechosas, de las cuales hemos enviado más de 500 informes al año para su posterior investigación por las autoridades españolas.
Antes de que mi amigo desconectara definitivamente y pidiera una tercera pinta de cerveza, me lancé a intentar explicarle que el OCP es referente en todo el mundo, ya que ha supuesto un salto cualitativo tremendo en los modelos de colaboración entre el sector notarial con las autoridades; que nos ha tocado viajar a más de 15 países porque querían conocer de primera mano el funcionamiento de ese OCP, y que algunos de ellos ya han empezado a modificar su legislación para poder crear órganos similares.
La Base de Datos de Titularidad Real ha sido calificada por varios organismos internacionales como una de las mejores soluciones
Y que esa Base de Datos de Titularidad Real ha sido calificada por varios organismos internacionales como una de las mejores soluciones para que las autoridades puedan conocer a los propietarios de empresas u organizaciones; y que también nos ha tocado viajar a Paris, a contar al grupo de lucha anticorrupción del G-20 como funciona esa base. Le tuve que explicar que cuando el Grupo de Acción Financiera (GAFI) vino a evaluar a España en el año 2014, les recibimos en nuestras oficinas para que comprobaran el funcionamiento en vivo de esa base de datos, y como un investigador de la policía judicial pudo realizar varias solicitudes de información que fueron contestadas en segundos, tiempo que dejó perplejo a la jefa de la misión internacional. Ya aproveché y le mostré en mi móvil una parte de ese informe de evaluación, en el que España sale bastante bien parada, y en el que se mencionan tanto la utilidad de las bases de datos notariales como la labor del OCP.
Como vi que mi amigo todavía me miraba (me hubiera bastado con comprobar que respiraba), y con la valentía que te dan unas cervezas, me decidí a afirmar que, al menos en el mundo de la investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, podemos sacar pecho como país y que los notarios tienen una parte importante de «culpa».
Fuente: eleconomista.es
