El legislador pretende eliminar esa presunta falta de transparencia mediante un acta notarial previa (y gratuita) a la escritura de un préstamo hipotecario

La política educativa lleva años empeñada en conseguir la desaparición del fracaso escolar con una fórmula infalible y transparente: los maestros darían aprobado general a todos los alumnos solo por el hecho de estar matriculados. Quizá el examen tipo test sería el más objetivo para evitar los aprobados de regalo y los suspensos por sistema, aunque siempre dependería de cómo se plantearan las posibles opciones a marcar y según puntuasen o no negativamente las respuestas erróneas.

Esta política de teórica transparencia se ha adoptado en la nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que establece, ante notario, un asombroso examen tipo test al prestatario o fiador de operaciones hipotecarias sobre inmuebles residenciales. Previamente, el propio fedatario ejercería de profesor jurídico financiero para este peculiar alumnado.

La indicada norma legal, que entrará en vigor el próximo 16 de junio, tiene por objeto la trasposición de una directiva europea, cuyos efectos el legislador ha extendido, generosamente, a todas las personas físicas, sean o no consumidores, sin limitación de cuantía, en las hipotecas sobre viviendas (incluidos garajes y trasteros). En todo caso, la legislación hipotecaria requería una urgente modificación. Conviene recordar que la salvaje jurisprudencia relativa a la nulidad de las cláusulas abusivas por falta de transparencia en la fase (pre)contractual había reducido el valor de la escritura pública al del papel mojado.

El legislador pretende eliminar esa presunta falta de transparencia mediante un acta notarial previa (y gratuita) a la escritura de un préstamo hipotecario en la que se consignen detalladamente la documentación entregada y también la información suministrada al interesado. Este nuevo instrumento público será muy complejo porque recogerá dos completas fichas que servirán de oferta vinculante del Banco y de advertencias al particular, así como su consentimiento inicial. A su vez, reseñará que el notario, en el plazo mínimo de diez días, ha informado y asesorado al cliente de manera individualizada con referencia expresa a las citadas fichas sin que sea suficiente despachar esta actuación con una afirmación genérica. Por último, en presencia del profesor/notario, el prestatario responderá a un test que tendrá por objeto “concretar la documentación entregada y la información suministrada”. Algún autor duda del carácter de examen de este test y estima que es un mero cotejo de datos y fechas del expediente.

En principio, cada fedatario sería muy libre para diseñar este test tanto en su dificultad como en la duración temporal de la prueba. Habría que separar a los prestatarios en distintos despachos para que no se “soplen” las respuestas correctas e incluso controlar que no se auxilien con las tradicionales “chuletas”, o con el móvil, vía wasap. No parece conveniente que puntúen como negativas las respuestas erróneas y debería permitirse una segunda convocatoria al “cateado”. Pudiera ocurrir que aprobaran todos los coprestatarios menos uno; en este caso, lo mismo habría que sacar la nota media del grupo para salvar la operación. Piénsese que el vendedor requiere el precio de la venta previa; los inminentes deudores necesitan el dinero para comprar la casa de sus sueños; el Banco, que paga la escritura, está ávido en firmarla para devengar los intereses correspondientes; y el notario solo cobra si autoriza la hipoteca. En mi opinión, este test debería quedar suscrito por los prestatarios y unirse al acta.

Parece que la ley de marras solo piensa en un aislado consumidor cuasi analfabeto que no representa en absoluto al ciudadano medio español. Por otra parte, si el test fuera enrevesado y se calificara con extrema rigurosidad resultarían proscritas del mercado hipotecario las capas sociales más modestas e ignorantes cuyos miembros no tendrían más remedio que designar unos apoderados, siempre más expertos en la materia.

Bienvenida sea esta acta notarial que la ley presume veraz e íntegra y que cumple con el principio de transparencia. Eso sí, imagino que el notario como moderno profesor, políticamente correcto, pondrá un test sencillo y dará aprobado general…

malagahoy.es

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